La integridad pública es un pilar fundamental de la buena gobernanza y el desarrollo sostenible. Fomenta la confianza entre los gobiernos y la ciudadanía, respalda un crecimiento económico justo e inclusivo y mejora la calidad y eficiencia en la prestación de servicios públicos. Por el contrario, la falta de integridad en la toma de decisiones públicas —ya sea en forma de corrupción u otras prácticas poco éticas— tiene efectos corrosivos generalizados. Obstaculiza la prestación efectiva de servicios, el uso eficiente de recursos públicos limitados, amenaza el crecimiento inclusivo, perpetúa la desigualdad y la pobreza, permite el funcionamiento del crimen organizado, puede agudizar la polarización política y socava tanto la democracia como la confianza de la ciudadanía en los gobiernos.
Invertir en integridad pública es, por tanto, una condición clave para avanzar en múltiples objetivos de política pública y para recuperar la confianza de la ciudadanía. En la gestión de infraestructura, promover la integridad en cada etapa del ciclo de vida de los proyectos es crucial para mitigar riesgos de corrupción. A su vez, algunos países de América Latina han comenzado a utilizar inteligencia artificial para fortalecer las políticas de integridad, aunque esta innovación también plantea sus propios desafíos.
El Plan de Acción sobre Integridad para la Buena Gobernanza en América Latina y el Caribe, lanzado en 2018, ofrece una hoja de ruta estratégica para avanzar hacia una cultura de integridad en la región. En la última década, varios países han desarrollado instrumentos de integridad pública —regulaciones anticorrupción, estrategias, mecanismos de coordinación, planes de integridad, manuales y guías— basados en los estándares de la OCDE, lo que ha permitido pasar de un enfoque centrado en la lucha contra la corrupción a uno orientado a la promoción de una cultura de integridad pública. No obstante, los Indicadores de Integridad Pública de la OCDE muestran que en la región persiste una importante brecha entre los marcos legales y regulatorios y su implementación efectiva, lo que a menudo impide alcanzar los impactos deseados.
Esta sesión permitirá a los países hacer un balance sobre la implementación del Plan de Acción, compartir buenas prácticas e identificar los ámbitos donde se requieren esfuerzos colectivos y nacionales adicionales, en beneficio de todos los países participantes.
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