La confianza en las instituciones públicas es esencial para que los países puedan implementar reformas significativas que generen resultados para la ciudadanía y para enfrentar crisis. Sin embargo, la confianza pública ha disminuido en América Latina desde la crisis financiera global de 2008, debilitándose aún más tras episodios de agitación social marcados por desigualdades persistentes que siguen tensionando el tejido social. Reconstruir la confianza pública en la región es clave para promover un crecimiento inclusivo, reforzar las instituciones democráticas y garantizar una gobernanza efectiva. En esta sesión, la OCDE presentará los principales resultados de la Encuesta OCDE 2025 sobre los Determinantes de la Confianza en las Instituciones Públicas en América Latina y el Caribe, el primer ejercicio regional del Proyecto Global de Encuestas sobre la Confianza. La encuesta analiza cómo la confianza en las instituciones públicas se ve influida por las percepciones de la población sobre la competencia, integridad, apertura y equidad del gobierno, tanto en las interacciones cotidianas con las instituciones como en los procesos de toma de decisiones frente a desafíos complejos. El informe ofrece evidencia innovadora y sugiere acciones de política pública a partir de los hallazgos de casi 18 000 respuestas en diez países de América Latina y el Caribe.

La Inteligencia Artificial (IA) está transformando rápidamente la gobernanza pública, ofreciendo oportunidades sin precedentes para mejorar la productividad, la capacidad de respuesta y la rendición de cuentas. Para los gobiernos de América Latina y el Caribe (ALC), la IA representa una herramienta poderosa para transformar el funcionamiento de las administraciones y la prestación de los servicios públicos. Sin embargo, alcanzar este potencial requiere ir más allá de proyectos piloto aislados: exige fundaciones digitales sólidas, estrategias coherentes y una implementación confiable. La región ha logrado avances notables en el establecimiento de estas fundaciones. La mayoría de los países de ALC han adoptado estrategias nacionales de gobierno digital, promulgado legislación habilitante y desarrollado plataformas centrales para modernizar la administración pública. El Índice de Gobierno Digital OCDE-BID 2023 confirma este impulso, en dimensiones clave como la digitalización por diseño, un sector público basado en datos y servicios orientados al usuario. Sin embargo, el desafío es convertir estas bases digitales en mejoras tangibles en la eficiencia gubernamental, la calidad del servicio y la confianza pública. Esta sesión explorará cómo los gobiernos de ALC están aprovechando el gobierno digital y la IA para agilizar sus administraciones y mejorar los servicios públicos. Se enmarcará en la presentación del informe global de la OCDE “Gobernar con la Inteligencia Artificial” , que proporciona nueva evidencia sobre las tendencias de adopción, los enfoques estratégicos, la gestión de los riesgos y las oportunidades emergentes en toda la región. La sesión destacará los esfuerzos actuales para fortalecer las capacidades gubernamentales para la transición digital, mostrará aplicaciones reales de la IA en los procesos gubernamentales y servicios públicos, y analizará los desafíos de ampliar su uso de forma estratégica y responsable.

La infraestructura es un elemento central para la búsqueda del crecimiento económico, el bienestar y el desarrollo sustentable de cualquier país. Un aspecto crítico de una gobernanza robusta de la infraestructura consiste en asegurar que los países tengan las herramientas y las capacidades para evaluar si propuestas de infraestructura pueden lograr valor por el dinero. Esto es de la más alta trascendencia en la región de América Latina debido a i) limitaciones fiscales, ii) desigualdades persistentes y iii) una alta exposición a desastres naturales y climáticos. Estas condiciones demandan entonces aprovechar al máximo los limitados recursos para inversión en infraestructura y fundamentar las decisiones en evidencia. De hecho, una evaluación y selección de proyectos integral y basada en evidencia apoya objetivos de largo plazo como la resiliencia económica, la sustentabilidad ambiental y la igualdad social y representa un puente entre tales prioridades de política pública y los proyectos de inversión. Además, al incorporar una selección y priorización de proyectos basada en evidencia en la toma de decisiones se facilita la rendición de cuentas y se alimenta la confianza, ya que las autoridades de infraestructura pueden justificar sus decisiones de inversión. Esta sesión discutirá cómo los países de América Latina pueden aprovechar las metodologías de evaluación y selección de infraestructura para atender brechas persistentes y maximizar los beneficios de la inversión pública, al tiempo que mitigan riesgos. De igual forma, la sesión abordará los facilitadores y las experiencias en el uso de tales metodologías y la creación de capacidades para lograr valor por el dinero.

La integridad pública es un pilar fundamental de la buena gobernanza y el desarrollo sostenible. Fomenta la confianza entre los gobiernos y la ciudadanía, respalda un crecimiento económico justo e inclusivo y mejora la calidad y eficiencia en la prestación de servicios públicos. Por el contrario, la falta de integridad en la toma de decisiones públicas —ya sea en forma de corrupción u otras prácticas poco éticas— tiene efectos corrosivos generalizados. Obstaculiza la prestación efectiva de servicios, el uso eficiente de recursos públicos limitados, amenaza el crecimiento inclusivo, perpetúa la desigualdad y la pobreza, permite el funcionamiento del crimen organizado, puede agudizar la polarización política y socava tanto la democracia como la confianza de la ciudadanía en los gobiernos. Invertir en integridad pública es, por tanto, una condición clave para avanzar en múltiples objetivos de política pública y para recuperar la confianza de la ciudadanía. En la gestión de infraestructura, promover la integridad en cada etapa del ciclo de vida de los proyectos es crucial para mitigar riesgos de corrupción. A su vez, algunos países de América Latina han comenzado a utilizar inteligencia artificial para fortalecer las políticas de integridad, aunque esta innovación también plantea sus propios desafíos. El Plan de Acción sobre Integridad para la Buena Gobernanza en América Latina y el Caribe, lanzado en 2018, ofrece una hoja de ruta estratégica para avanzar hacia una cultura de integridad en la región. En la última década, varios países han desarrollado instrumentos de integridad pública —regulaciones anticorrupción, estrategias, mecanismos de coordinación, planes de integridad, manuales y guías— basados en los estándares de la OCDE, lo que ha permitido pasar de un enfoque centrado en la lucha contra la corrupción a uno orientado a la promoción de una cultura de integridad pública. No obstante, los Indicadores de Integridad Pública de la OCDE muestran que en la región persiste una importante brecha entre los marcos legales y regulatorios y su implementación efectiva, lo que a menudo impide alcanzar los impactos deseados. Esta sesión permitirá a los países hacer un balance sobre la implementación del Plan de Acción, compartir buenas prácticas e identificar los ámbitos donde se requieren esfuerzos colectivos y nacionales adicionales, en beneficio de todos los países participantes.

Los países cada vez se concentran más en atender las brechas de infraestructura en sectores como energía, transporte, agua y telecomunicaciones, que son esenciales para incrementar la productividad, reducir costos, y mejorar el acceso a servicios públicos y la resiliencia ante desastres naturales. Sin embargo, dadas las limitaciones fiscales y de capacidades actuales, es crítico atraer y retener inversión privada, aunque también hay límites a lo que la participación privada puede lograr y es importante determinar cuándo y cómo dicha participación puede ser una mejor opción que otros modelos de ejecución y de gobernanza de infraestructura pública. Es de destacar que no todos los desarrollos de infraestructura son aptos para la inversión privada sino que hay ciertas condiciones que hacen que una APP pueda generar mayor valor por el dinero, por ejemplo, las características del mercado. Además, los retos que enfrentan los países de América Latina, como la incertidumbre en la etapa licitatoria y un compromiso creíble con los contratos, difieren de aquellos presentes en los países OCDE. Aprovechando el actual proceso de revisión de la Recomendación OCDE sobre Principios de Gobernanza Pública de Alianzas Público-Privadas, esta sesión analizará las condiciones críticas de gobernanza que deben considerarse al determinar la conveniencia de métodos de ejecución que involucran participación privada, particularmente las APP, y cómo fortalecer las capacidades de las entidades de contratación de infraestructura para gestionar la participación privada, al tiempo que reflexiona sobre las lecciones aprendidas de experiencias previas de APP y concesiones en la región.